El fracaso económico, político y social de 15 años de dictadura
Quince años de un régimen dictatorial encabezado por Daniel Ortega, se pueden resumir en una frase: un fracaso económico, social, político y moral. Para demostrar esto, me basaré principalmente en datos oficiales.
El punto de partida del análisis debe ser una evaluación de las condiciones en que Ortega recibió al gobierno en 2007. Como dijo una vez el ingeniero Enrique Bolaños: la mesa está servida.
Pensemos un poco en retrospectiva: tasas de crecimiento económico superiores al 4% anual; crecientes exportaciones e inversiones; flujos sostenidos de cooperación para el desarrollo bilateral y multilateral. Incluyendo la participación en la Cooperación Desafío del Milenio de los Estados Unidos y los Programas de Apoyo Presupuestario de la Unión Europea, cuentas fiscales equilibradas, control de la inflación y estabilidad en el régimen cambiario. El inicio del tratado de libre comercio con Estados Unidos, CAFTA; y reducción sustancial de la deuda externa y su servicio.
Hubo paz política y social interna a nivel interno y convivencia internacional armoniosa. El Instituto de Seguridad Nacional de Nicaragua (INSS) tenía un superávit operativo y sólidas reservas. La policía y el ejército estaban en proceso de desarrollo profesional e institucional. Hubo un marco de libertades y derechos, espacios de participación de la sociedad civil y medios de comunicación descentralizados y plurales.
Además de estas condiciones, Ortega se vio bañado con los cuantiosos recursos de la cooperación venezolana. En definitiva, una plataforma favorable para cristalizar el gobierno más exitoso de la historia nacional.
Hambre en el país del hambre cero
La bandera principal de la dictadura, especialmente en sus inicios, fue: ¡Viva los Pobres del Mundo! Los anuncios sobre la pobreza se adornaban con programas con nombres rimbombantes como “Hambre Cero”. Entonces, empecemos por aquí: el informe regional 2021 de la FAO revela que uno de cada 5 nicaragüenses padece hambre (19,3%). Hay más: la proporción ha ido creciendo en los últimos años.
Por otra parte, estimaciones de la CEPAL muestran que, en 2020 el porcentaje de pobreza superó el 50% de la población nicaragüense. Por su parte, FIDEG estimó en 45% el porcentaje de pobreza en 2019, con una tendencia creciente desde 2015. Según esta fundación, la pobreza superaría el 50% si no fuera por las remesas. Por cierto, la dictadura cerró este centro de investigación para evitar que publicara los datos correspondientes a 2020.
Respecto a la migración: a noviembre de 2021, 72,000 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera en su intento de ingresar irregularmente a Estados Unidos. Y 47.000 habían pedido asilo en Costa Rica. Es decir, al menos 150.000 compatriotas huyeron el año pasado del paraíso orteguista.
Sigamos con la economía familiar
No es necesario ser economista para saber que el empleo estable y los ingresos dignos representan dos factores clave para mejorar el bienestar de la población. Y que una de las consecuencias beneficiosas del crecimiento económico es precisamente la creación de empleo y el aumento de los salarios. Así, revisando los informes anuales del Banco Central encontramos que en julio de 2007 el desempleo era de 5,9% y el subempleo de 47%. Quince años después, el INIDE (Instituto Nacional de Información para el Desarrollo) informó que en septiembre de 2021 el desempleo abierto ascendía al 4,7% y el subempleo, a mediados de este mismo año, representaba el 45% de la población ocupada. ¿Qué es una persona subempleada? Es un trabajador sin trabajo fijo, cuyos ingresos no llegan ni al salario mínimo. Resumiendo, según el INIDE, el 62% de la fuerza laboral se encuentra actualmente desempleada, subempleada o en la categoría de “trabajador no remunerado”.
Después de 15 años, la “vibrante economía” de Ortega logró reducir el desempleo en un magro 1% y el subempleo en un 2%. Si consideramos los cientos de miles de migrantes que abandonaron el país durante este período en busca de mejores horizontes, es obvio que estos porcentajes serían negativos.
Ahora permítanme pasar a los salarios. El Banco Central registra que, en comparación con 2006, en promedio, ¡los salarios reales de los trabajadores de la economía formal aumentaron un 1%! Eso es un promedio, porque en el sector agropecuario, comercio y servicios sociales, entre otros, decrecieron.
No es difícil imaginar las aflicciones del 80% de la población que trabaja en la economía informal. De hecho, en 2021 el costo de vida alcanzó su nivel más alto en los últimos 10 años. Así que vayan y pídanle a los economistas de la dictadura que les expliquen cómo una economía que creció, según ellos, a una tasa superior al 5% no es capaz de generar empleo estable, ni mejorar los salarios reales de los trabajadores.
Deuda externa
Por ahora poco se habla de la deuda externa, pero es un tema que tiene implicaciones estratégicas de mediano y largo plazo. Ortega recibió una deuda de US$ 3.400 millones, en números redondos. Ahora la deuda se ha cuadruplicado: el año cerró con una deuda de alrededor de US$14 mil millones. Junto con la deuda, los pagos también crecen, año tras año.
INSS: un retrato de cuerpo entero
Sin duda, uno de los retratos más esclarecedores del fracaso económico y social de la dictadura es el desempeño del sistema de seguridad social. Ortega recibió al INSS con un superávit de C$1,700 millones de córdobas. Diez años después, el superávit se había convertido en un déficit de 2.400 millones de dólares canadienses. Este resultado es lógico si se considera que en 2007 la nómina registraba 1.208 trabajadores, y diez años después había ascendido a 4.060 trabajadores. Mientras tanto, el fraude con los fondos de los pensionados vació las reservas de la institución. Los edificios vacíos en diferentes puntos de Managua quedan como evidencia desgarradora del saqueo.
Pero hay un tema más de fondo: la crisis de la seguridad social es el indicador más claro del fracaso del modelo económico, de concentración y exclusión, impuesto por la dictadura: tasas de crecimiento económico cercanas al 5%, en promedio, no lograron generar suficientes empleos formales y mejores ingresos para los trabajadores, que es la base de cualquier sistema de seguridad social. Según datos del Banco Central, a partir de septiembre de 2017 el número de trabajadores afiliados al INSS comenzó a disminuir mes a mes. La crisis de abril de 2018 no fue la causa de las cargas financieras de la institución.
Ortega no tuvo piedad al descargar sobre las espaldas de los más vulnerables los costos de la corrupción y el despilfarro: despojó a 300.000 pensionados de casi 800 millones de córdobas mediante una siniestra maniobra al modificar la tasa fija de devaluación del córdoba. Impuso dos reformas que aumentaron las cotizaciones de los patrones y trabajadores. También impuso un castigo invisible pero demoledor e implacable: cambiar la fórmula de cálculo de las pensiones de los cotizantes activos, quienes solo sentirán la pérdida cuando alcancen la edad de jubilación.
un estado mafioso
Informes de Transparencia Internacional ubican al régimen de Ortega, año tras año, como el más corrupto de Centroamérica —eso ya es mucho decir—, y el tercero peor de América Latina: sólo por detrás de Haití y Venezuela. Por otro lado, en materia de lavado de dinero, el Instituto de Basilea ubica al régimen entre los más desacreditados del mundo, y el GAFILAT lo tiene incluido en su “lista gris”, algo así como la lista de principales sospechosos.
Y no es de extrañar Ortega convirtió la corrupción en política de Estado. Los actos de corrupción más flagrantes tienen rango de ley: la concesión del canal, la hidroeléctrica de Tumarín, los escáneres aduaneros, por citar algunos. Por supuesto, la más desvergonzada y sustanciosa fue la apropiación de fondos de la cooperación venezolana (más de 5 mil millones de dólares según informes del Banco Central). Ni hablar de la apropiación familiar de la empresa de combustibles DNP, ALBA Generación, la planta de almacenamiento de combustibles de Puerto Sandino y la turbia adquisición de DISNORTE y DISSUR.
fracaso político
La evidencia más reciente y clara fue el repudio de la gran mayoría de la población a la charada electoral de noviembre de 2021. Varias encuestas postelectorales coinciden en que más del 80% de la población rechaza el régimen. En estas condiciones, no sorprende que la dictadura responda con violaciones masivas a los derechos humanos: encarcelamientos, exilios, ejecuciones extrajudiciales, supresión de libertades.
En el plano político, quizás los hechos más graves sean la transformación del ejército en guardia personal y las semillas de odio que han sembrado en la población.
¿Y el éxito económico?
Ciertamente, deben ser mencionados. Las estadísticas macroeconómicas como el PIB, las reservas de divisas y las exportaciones muestran registros positivos. El número de multimillonarios también ha crecido.
Este artículo fue publicado originalmente en español en Confidencial y traducido por Havana Times
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