América Latina atraviesa dos décadas de pobreza extrema debido a una pandemia
INFORMES Q – La crisis del COVID-19 ha provocado una caída de dos décadas en los niveles de pobreza extrema en América Latina y el Caribe, según un estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), CEPAL, la Unión y Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
El texto advierte que la crisis derivada de la pandemia ha dañado un «tejido social extremadamente vulnerable, provocando un aumento significativo de la pobreza y las desigualdades».
El informe determinó que los niveles del producto interno bruto (PIB) per cápita en América Latina y el Caribe no volverán a niveles prepandémicos hasta 2023 o 2024. Además de que la pobreza y la pobreza extrema en la región han alcanzado niveles no vistos. en los últimos 12 y 20 años, respectivamente.
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Todo esto teniendo en cuenta que las políticas del lado de la demanda impulsadas por los gobiernos han servido para prevenir la pérdida de vidas y el aumento de la pobreza.
Gran parte de esta desigualdad, medida por el Índice de Gini – se explica por la fuerte presencia de la informalidad laboral en la región. Cuando estalló la pandemia en América Latina, el 50% de los trabajadores tenían trabajos con seguridad social o no estaban reconocidos en los registros formales de empleo.
Los hogares que obtienen sus ingresos exclusivamente de la economía informal han sido los más afectados por la crisis, ya que han perdido sus puestos de trabajo y los ingresos que de ellos obtenían. En promedio, el 45% de la población latinoamericana vive en hogares que dependen de este tipo de empleo, el 22% vive en hogares mixtos y el 33% vive en hogares que dependen de la economía formal.
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Asimismo, el fenómeno de la informalidad afecta asimétricamente a las economías de la región, ya que mientras Chile o Uruguay tienen un impacto menor de menos del 20%. Mientras que en Bolivia, Honduras o Nicaragua supera el 60%.
En este contexto, las organizaciones recomiendan que las economías latinoamericanas promuevan opciones innovadoras para la formalización del trabajo y para reducir las brechas en la cobertura social con el fin de proteger a mujeres, jóvenes, migrantes y otros grupos vulnerables.
Las agencias advierten que no existe un único enfoque o solución que garantice una recuperación sólida, sostenible e inclusiva. Sin embargo, una característica común de la recuperación es la necesidad de una secuencia claramente definida de medidas de política fiscal en la gestión del gasto, los impuestos y la deuda pública.
“La movilización de recursos para la recuperación requerirá esfuerzos a nivel nacional y una mejor cooperación y coordinación a nivel internacional, especialmente en lo que respecta a la deuda pública”, explica el informe.
A nivel nacional, el documento aconseja a los gobiernos latinoamericanos utilizar políticas de transformación fiscal, social y productiva para construir un nuevo contrato social. En particular, se deben tener debidamente en cuenta los elementos de movilidad y equidad intra e intergeneracional, así como los desafíos vinculados al cambio climático y la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono.
En términos regionales, el informe destaca que América Latina está rezagada en términos de integración, ya que solo el 14% de sus exportaciones permanecieron en la región en 2019, y la proporción ha ido disminuyendo de manera constante desde 2014.
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Así, la promoción del comercio intrarregional, la creación de cadenas de valor regionales y la mejora de la participación de la región en las cadenas de valor globales, a través de la conexión de las micro, pequeñas y medianas empresas con el comercio internacional son objetivos clave de política pública en el contexto del coronavirus.
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