América Latina podría ser un ejemplo mundial de una transición energética justa | Internacional
En América Latina y el Caribe, una mezcla de factores tecnológicos, económicos, sociales y políticos podrían confluir para asegurar que la región tenga las condiciones para convertirse en un ejemplo mundial de transición energética justa. La iniciativa RELAC (Renovables en América Latina y el Caribe), firmada por 15 países, ha establecido que para 2030, el 70% del consumo de energía eléctrica de la región provendrá de fuentes renovables. La meta es alcanzable.
Según estadísticas de 2020 del Banco Mundial, cerca del 20% de la población mundial vive en 70 países con excelentes condiciones para la energía fotovoltaica, donde los promedios diarios superan los 4,5 kilovatios hora/kilovatio pico (kWh/kWp, rendimiento y producción de las mediciones), suficiente para hervir unos 25 litros de agua. Los países latinoamericanos que entran en esta categoría son Chile, Perú, México y Argentina. Sin embargo, el resto de América Latina no se queda atrás: alrededor de 3,5 a 4,5 kWh/kWp. En términos de potencial eólico, Chile y Colombia están a la cabeza.
Esta riqueza de recursos ha resultado en una aceleración del ritmo de inversión en la región en los últimos años. En 2019, Brasil, México y Chile estuvieron entre los 20 países del mundo con las mayores inversiones en capacidad de energía renovable. Más recientemente, la capacidad instalada de energías renovables en América Latina y el Caribe se ubicó en 291.770 megavatios (MW) al cierre de 2021, lo que representó un aumento del 6 % con respecto a 2020. Al cierre de 2021, América del Sur contaba con una capacidad de 244.975 MW, lo que representa el 84% de la capacidad total instalada en la región. En los últimos diez años, los países con mayor crecimiento en energías renovables han sido Chile con 111%, Uruguay con 101%, México con 99% y Brasil con 66%.
Todo ello ha ido acompañado de avances en la regulación de diferentes tipos de energía. La energía eólica marina en Colombia ha permitido su inclusión en la Alianza Global para la Energía Eólica Marina, actualmente como el único país de la región en formar parte de la Alianza. Además, la capacidad instalada actual y futura de energías renovables convierte a América Latina en un área con alto potencial para la producción de hidrógeno verde. Esta puede utilizarse como energía en el sector industrial, uno de los más difíciles de electrificar, así como en el transporte y en la alimentación y calefacción de edificios. Varios países, como Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia, ya han publicado sus hojas de ruta para el hidrógeno verde.
Estas inversiones pueden ayudar a la región a promover la descarbonización gradual y responsable de su economía. Puede progresar tanto energética como económicamente. La transición energética justa es una oportunidad para alinear los flujos financieros con el Acuerdo de París, el tratado climático internacional más importante, que incluye el tratamiento de subsidios, reformas fiscales, la promoción del ahorro y las inversiones en energía limpia. Además, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, si el mundo logra limitar el aumento de la temperatura global a 2°C para fines de siglo, se podrían generar 15 millones de empleos netos adicionales en América Latina y el Caribe para 2030. , a través de cambios en los sectores alimentario y energético.
Sin embargo, cada país avanzará a un ritmo diferente. Para aquellos que no dependen económicamente de la extracción de combustibles fósiles, como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay, el proceso será más fácil.
Aunque una transición energética justa está en camino, es importante evitar repetir los errores del pasado. Según el Atlas de Justicia Ambiental, que mapea casos globales de conflicto socioambiental, más de la mitad de ellos están vinculados al desarrollo de infraestructura en el sector energético, así como a la extracción de minerales e hidrocarburos. Con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú en varios países de América Latina, el acceso a procesos participativos ya información clara, veraz y oportuna puede ofrecer más garantías en el desarrollo de proyectos de transición energética. Esto ayudará a demostrar el alineamiento de los gobiernos y el sector privado en las políticas ambientales que, entre otros beneficios, les permite acceder a nuevos créditos.
De manera similar, varios países de la región, incluidos Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica, Colombia, Surinam y Chile, ya han incluido una legislación de transición energética justa en sus compromisos climáticos internacionales. Esta legislación abre la posibilidad de fortalecer los marcos de política a nivel sectorial. Para acelerar las inversiones en transición tecnológica, se necesitan políticas y marcos regulatorios sólidos. Las regulaciones particularmente importantes se relacionan con los sistemas de almacenamiento de energía y la confiabilidad de la red; políticas y estándares de eficiencia energética; demanda específica de hidrógeno verde en los planes de expansión energética; y cambio de comportamiento dirigido a un impacto a largo plazo.
Según el Índice de Transición Energética (ETI), América Latina y el Caribe se desempeña mejor que el promedio mundial en desempeño del sistema energético, sostenibilidad ambiental, capital e inversión. Por lo tanto, es significativamente mejor en infraestructura energética. Para reducir las disparidades de desarrollo entre los países, las inversiones deben distribuirse en toda la región.
Todavía hay 17 millones de personas sin acceso a la electricidad en la región, principalmente en Centroamérica, donde se espera que la demanda de energía siga creciendo en las próximas décadas. Esta es una oportunidad para que los actores del sector de las energías limpias enfoquen sus recursos en la creación de una matriz energética más limpia y justa. La transición no puede limitarse únicamente a la tecnología. También debe intervenir en la forma en que se produce y consume la energía, logrando un equilibrio entre los recursos naturales y la sociedad.
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