La seguridad pública no es asunto de los vigilantes nocturnos o de los guardias de seguridad privados.

La resolución emitida por el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires -a través de la Dirección Provincial de Seguridad Privada- que establece que los guardias nocturnos y las empresas de seguridad privada deben informar a la policía de las reuniones de más de diez personas. en los espacios no parece prudente ni oportuno. granja. Una larga experiencia, medida a lo largo de muchos años, muestra que la seguridad es un asunto que el Estado no puede delegar de ninguna manera. Y cuando lo hizo, los problemas empeoraron.

Según detalló, la cartera de seguridad provincial informó sobre los términos de la medida dictada en relación con el llamado Distanciamiento Social preventivo y obligatorio, que prohíbe reuniones con más de 10 personas en espacios cerrados, instalándose en el resolución que “los organismos de seguridad privada y los vigilantes nocturnos deben informar a la policía de la jurisdicción si tienen conocimiento de la violación de los mismos, ya sean los llamados partidos clandestinos o los privados”.

Funcionarios de seguridad agregaron que para prevenir y evitar este tipo de encuentros masivos, que en muchos casos terminan en disturbios y que además de ser potenciales focos de contagio, afectan a los vecinos, en la zona. Específicamente que contarán con “apoyo de agencias privadas, las cuales, en base a esta nueva norma, deberán informar a la policía de la jurisdicción antes de la violación de la misma, la cual estará sujeta a penalidad o agravio, según el caso “.

Agregaron que, de esta manera, “será posible evitar encuentros en espacios cerrados que tengan seguridad privada, como casas de campo o reuniones clandestinas. Asimismo, se invita a los habitantes de Buenos Aires a colaborar para evitar este tipo de concentración, y a los empresarios de noche a conducirlos al aire libre con las medidas de seguridad e higiene requeridas ”.

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Por supuesto, nadie pretende poner en perspectiva la validez de las medidas que prevén el distanciamiento social como una de las medidas preventivas más importantes y universalmente adoptadas. Sin embargo, sólo las agencias estatales deben ser responsables de asegurar la vigencia de estas medidas, impuestas oportunamente por el gobierno nacional en colaboración con las administraciones provinciales y municipales.

Si se acepta este tipo de delegación de funciones al sector privado -sereno y miembros de organismos de seguridad- nada impediría que el futuro quiera extender estos llamados “poderes” a otras personas, a los vecinos por ejemplo, cuando, además, sabemos que es que todo ciudadano puede y es responsable de denunciar la comisión de un delito cuando sabe que se ha cometido.

Tampoco sería exagerado suponer que aquellos que de repente reciben órdenes oficiales para denunciar la celebración de tales reuniones están en el futuro intentando de alguna manera ‘acreditar’ sus servicios al reclamar una recompensa o compensación. Otra alternativa interesante es la que podrían evocar quienes pretendan aprovechar políticamente sus funciones de justiciero, según la efectividad de sus colaboraciones.

No se trata, además, de conjeturas, pues, como se dijo, son muchos los registros registrados en nuestro país cuando se intentó, en determinadas ocasiones, delegar funciones propias de los organismos de gobierno. seguridad y desde allí se grabó. todo tipo de desbordes. En las principales cuestiones que le conciernen, no se trata de parches ni fórmulas provisionales que el Estado deba impulsar. Estas son políticas fundamentales, bien pensadas, mejor ejecutadas y nunca delegadas.

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