Otros problemas revelados en Antioquia debido a contratos durante la pandemia - Medellín - Colombia

Otros problemas revelados en Antioquia debido a contratos durante la pandemia – Medellín – Colombia

Documentos incompletos, citas obsoletas, información falsa y problemas administrativos son parte del panorama que la Oficina del Contralor General de Antioquia encontró en varios municipios del departamento, después de llevar a cabo una serie de auditorías de rayos y examinar cómo Decenas de alcaldes están gastando recursos públicos en emergencias de salud.

Según datos de Compra Eficiente de Colombia, desde el 17 de marzo, En Antioquia, se reportó la firma de al menos 11,337 contratos por más de 576,000 millones de pesos.

Aunque en el país, la Oficina del Contralor General de la República ya abrió una investigación el 24 de abril contra el Ministerio de Educación de Medellín y el ayuntamiento de Abejorral por supuestos sobrecostos en la compra de mercados, A nivel departamental, la oficina del controlador general de Antioquia también había iniciado desde el 13 de abril una estrategia de vigilancia de los 121 municipios y 335 entidades que están bajo su jurisdicción.

El órgano de supervisión dividió su examen en dos partes principales: la primera, a través de un grupo de control territorial desplegado en las nueve subregiones del departamento, y la segunda, centrada exclusivamente en la priorización de los municipios que tenían El mayor número de quejas de los ciudadanos y tuvo que ser visitado con urgencia.Como resultado de esta estrategia, hasta el final de esta edición, la entidad había publicado al menos 31 informes técnicos en los que analizaba los contratos más problemáticos, la mayoría de ellos para la compra de paquetes de alimentos y suministros médicos.Esto puede interesarle: están abriendo un proceso de responsabilidad tributaria contra el alcalde de Medellín

En la subregión de Urabá Antioquia, uno de los municipios más desfavorecidos fue Necoclí, a quien, luego de firmar un contrato por valor de 450 millones de pesos con una empresa identificada como Stage Events, le resultó difícil responder varias preguntas formuladas por los auditores.

Además de cuestionar la relevancia de la empresa, que desempeñó un papel intermediario en la compra de productos, el hallazgo más serio para los investigadores fue la ausencia de apoyo para probar la entrega de los paquetes.

Como se indica en el informe técnico, aunque en el contrato el número de beneficiarios era de 3.000, al examinar los formularios de entrega, se encontraron 680 personas registradas. En otras palabras, de los 450 millones firmados, solo se ha probado la entrega de productos por 72 millones. Esta inconsistencia, sumada a otros gastos no respaldados, llevó a la entidad a calcular una supuesta pérdida de propiedad de más de 355 millones de pesos, transfiriendo la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Fiscalía. para enjuiciar al gobierno local.

Es importante que continúen informándonos. La comunidad es nuestro mayor y mejor aliado para estar al tanto de cualquier presunta irregularidad en progreso.

Una situación similar ocurrió en el municipio de La Ceja, subregión oriental de Antioquia, donde el contrato que recibió la mayor atención fue un contrato firmado por 200 millones con una empresa identificada como Vibe Distribuciones SAS, en el cual se distribuirían 4,000 paquetes de alimentos de 50,000. pesa cada uno.

Además de cuantificar un posible sobrecosto de 12,257 pesos para cada mercado, los investigadores notaron serias inconsistencias al verificar la dirección de la oficina central que señaló el contratista. Como se indica en el informe, el representante legal aseguró que su empresa tenía locales en el municipio de Rionegro, uno en el centro comercial José María Córdoba y el otro en la Plaza de Mercado.

Pero, al visitar las dos direcciones, los funcionarios descubrieron que en la primera una empresa de consultoría contable estaba trabajando y en la segunda, la noticia de que había estado cerrada durante aproximadamente cuatro años y estaba en “proceso de recuperación por parte del municipio “, como lo aseguró la administración del lugar.

Debido a esta última inconsistencia, la entidad transfirió sus hallazgos a la Oficina del Fiscal para el inicio de las investigaciones.

La falta de apoyo también explicó al alcalde de la oficina de Mutatá en Urabá después de firmar un contrato por valor de 39 millones de pesos para distribuir 400 mercados a la población vulnerable.

En el municipio de Barbosa, ubicado al norte del valle de Aburrá, la compra de suministros médicos también proporcionó explicaciones al gobierno local.
En este caso, la oficina del controlador cuestionó la firma del contrato 186 de 2020, por 150 millones de pesos, que preveía la compra de máscaras N95 para el E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de este municipio.

Además de encontrar fallas en las máscaras faciales, cuyos cables de fijación se rompieron durante su uso, la agencia no consideró lógico que de las 1,000 unidades compradas, solo 550 fueran entregadas a profesionales de la salud de hospital, según lo estipulado por el Ministerio de Salud. Se dijo que el resto había quedado en manos de personas que “no lo necesitaban y no debían usarlo”.

Aunque hay muchas irregularidades e inconsistencias, el ejercicio hasta ahora no ha resultado en un volumen significativo de sanciones administrativas.

Esto se debe al hecho de que en la mayoría de los municipios, muchos pagos y movimientos presupuestarios no se habían realizado en el momento de las auditorías, lo que impide que la Oficina del Contralor actúe sobre los supuestos daños ya consumidos.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ
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