Tragedia de Once: A medida que aumenta la tensión por los jueces desplazados, la Corte ha dado malas noticias al kirchnerismo

No hay más espacio para que los posibles verbos o chicanas eviten llamar a las cosas por su nombre: la corrupción mata. Los muertos ya fueron contados: 52, enmascarados tras el choque de la formación Chapa 16 del tren Sarmiento, el 22 de febrero de 2012. Este jueves, la Corte Suprema de Justicia completó la otra parte del documento con la firma de cuatro de sus jueces. . la sentencia: la última causa de estas muertes fue la corrupción. Exsecretario de transporte Juan Pablo Schiavi ahora es definitivamente culpable de los crímenes de devastación y fraude al Estado, por lo que en 2015 fue condenado a cinco años y medio de prisión.

La noticia, que se extiende al conductor de este convoy, Marcos Córdoba, al empresario Claudio Cirigliano y a otros 16 reos, llega en medio de una profunda polémica entre el gobierno y la justicia. por el destino final de dos jueces esa ccon el visto bueno del Consejo Judicial y luego del tribunal superior, en 2018, fueron trasladados de cursos orales a la Cámara Federal de Buenos Aires, y otro que se envió de un TOF en San Martín a otro en Comodoro Py.

Los tres han intervenido en casos de corrupción contra Cristina Kirchner y decenas de sus exfuncionarios, o deberían hacerlo: hasta que el kirchnerismo lo sacó de allí, el juez Germán Castelli se sentó en el TOF 7, encargado de juzgar nada menos que la causa de los cuadernos de sobornos.

Este desplazamiento, que no conoce estos trámites administrativos y legales, colocó a la Corte bajo la lupa del gobierno -que espera una pirueta para apresurarse hacia los jueces- y de la opinión pública, que expresa su indignación por las demoras de la Corte durante las sucesivas manifestaciones callejeras y también a través de declaraciones de organizaciones profesionales y sociedad civil.

Estas presiones encontradas, aumentando a medida que la Corte sigue sin dejarse intimidar por la expulsión de los jueces que han investigado la corrupción K – además, con resoluciones que han sido confirmadas – también agrandó la antigua brecha entre los miembros de la corte quien dirige el poder judicial. Las intrigas entre ellos – reflejadas sin cobertura en la cobertura periodística de algunos medios – terminó debilitándolos a todos. Esta conclusión quedó clara esta semana.

En este contexto, el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, agitó el mantel sobre el que se extendían las discusiones bizantinas, y llamado el próximo martes para un trato extraordinario para procesar la solicitud de por saltum los jueces Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes solicitaron a la Corte que intervenga con anticipación para evitar su destitución. El tribunal debe tomar una decisión al respecto.

Si apoya el por saltum, puede volver a poner a los jueces en sus sillas hasta que finalmente resuelva. Si lo rechaza, los magistrados solo podrán tocar la puerta del Tribunal cuando la Cámara Federal de lo Contencioso Administrativo les niegue también la protección que han solicitado para frenar los movimientos.

Independientemente, los jueces en el caso mantuvieron a los guardias lo más lejos posible de cada uno de los cinco miembros del tribunal más alto. Ahora el esperado fallo sobre condenas por la tragedia de Once reunió cuatro de las cinco firmas en la misma dirección, ratificando las condenas de 2015 que ya habían sido validadas por la Sala de Casación Penal Federal. Este es el primer mensaje.

La otra es aún más obvia: el kirchnerismo tiene muchos frentes abiertos en los tribunales, con decenas de serios casos de corrupción contra sus ex-y algunos actuales- funcionarios. La mejor ayuda que los jueces han podido brindarles en los últimos años ha sido retrasa tus decisiones. Si paraban, podrían llegar más malas noticias.

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