una Costa Rica más inclusiva que integre a su población migrante

Soy periodista y también inmigrante nicaragüense. Vivo en Costa Rica desde hace siete años y agradezco a este país por darme la oportunidad de crecer como persona, enriqueciendo tanto mi experiencia personal como profesional.

Pude observar y admirar todos los logros ejemplares de esta gran nación centroamericana: sus políticas de protección ambiental; su visionaria abolición de un ejército; su identidad como una de las democracias más fuertes y antiguas del continente. El 3 de abril los costarricenses acudieron nuevamente a las urnas para elegir nuevo presidente, en un ambiente sereno donde rápidamente se anunció un resultado que nadie cuestionó. Todo gracias a un sistema electoral sólido y creíble ya una ciudadanía que respeta y comprende el funcionamiento del sistema democrático.

Durante este tiempo también he podido ver cosas que causan malestar e indignación en la población, cosas que se pueden y se deben mejorar. Uno de los problemas que requiere atención urgente es la falta de condiciones dignas para una parte importante de la población. En los últimos años, Costa Rica se ha convertido en una de las economías más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial. Naciones Unidas ha observado con preocupación ciertos retrocesos socioeconómicos significativos en el bienestar de la población. El desempleo abunda, con unas 330.000 personas todavía desempleadas en el primer trimestre de 2022 y el 26,2% de los hogares viviendo en la pobreza.

Como bien lo expresa el politólogo Daniel Zovatto en su artículo “Chaves y la democracia costarricense se ponen a prueba” [appearing in the Costa Rican newspaper La Nacion: April 16, 2022]“El país debe revisar su modelo de desarrollo y sostenibilidad, mejorar la eficiencia del Estado y sus políticas públicas, la calidad de los bienes y servicios que ofrece a la ciudadanía, y generar más inclusión y cohesión social.

Esta pobreza, desigualdad y desempleo también tienen un rostro que muchas veces pasa desapercibido en las conversaciones políticas locales: el rostro del inmigrante nicaragüense. Hasta 2019, Costa Rica era el país de América con el índice de inmigración más alto como porcentaje de la población total. Ese año, el 10,5% de los costarricenses eran inmigrantes, de los cuales el 80% eran de etnia nicaragüense. En un país de cinco millones de habitantes, somos aproximadamente medio millón, incluidos los inmigrantes legales, los indocumentados, los solicitantes de asilo y los refugiados. Los nicaragüenses venimos haciendo esto desde hace décadas.

Basta caminar por las villas de las zonas urbanas del país, o de las zonas costeras y rurales de la frontera -como he podido hacer a través de mi trabajo como periodista- para darse cuenta de que los nicaragüenses de Costa Rica son un segmento de la población que deja atrás el sistema.

Esta realidad de la población inmigrante nicaragüense también quedó reflejada en un estudio publicado en febrero, titulado “Inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicaciones de su integración”. El estudio fue patrocinado por Confidencial y dirigido por Manuel Orozco, especialista en migración del Diálogo Interamericano.

Esta encuesta encontró que el 75% de los nicaragüenses en Costa Rica tienen ingresos mensuales inferiores a US$670. [450,000 Costa Rican colones], y casi el 90% gana menos que el ingreso per cápita promedio del país de alrededor de $8,000 al año. También muestra que las ocupaciones de los inmigrantes han cambiado poco a lo largo del tiempo: construcción, trabajo doméstico, servicios, etc., todas ocupaciones de bajos salarios.

Examen de tres criterios de estabilidad o integración – tener personalidad jurídica, ganar más de 450.000 columnas al mes y tener una cuenta bancaria- encontramos que menos del 15% de la población inmigrante encuestada cumple con estos criterios, como señala Orozco. La falta de empleo y los problemas con los «papeles» son las mayores dificultades que enfrentan los inmigrantes nicaragüenses, confirma la encuesta, ya sea que llegaron antes o por la crisis que se desató en Nicaragua en 2018.

Estos resultados son muy similares a los de estudios realizados hace una o más décadas por académicos y organismos locales e internacionales. No parece haber una movilidad social significativa entre los nicaragüenses que migran a Costa Rica.

Durante la presentación del presente estudio en San José, Costa Rica, el profesor Alberto Cortés Ramos compartió su hipótesis sobre una de las causas de esta falta de integración de la población inmigrante nicaragüense a la sociedad costarricense en general. Para Cortés, Costa Rica define a sus ciudadanos en términos de nacionalidad, y no en términos de personas que viven en su territorio. “Es un país de inmigrantes, pero eso no quita que sea una sociedad con un gran componente inmigrante”, dijo.

En este sentido, durante la primera vuelta de la elección presidencial, el actual presidente electo Rodrigo Chaves declaró Confidencial que en su plataforma “el primer elemento de la política exterior y migratoria es buscar el bienestar de los ciudadanos costarricenses”. Además, dijo, de ser elegido presidente, ofrecería «una ventaja a los inmigrantes nicaragüenses, para que legalicen su situación».

Un mecanismo que facilite la regularización de la población nicaragüense, en particular el reciente y significativo flujo de solicitantes de asilo, podría resultar crucial para promover una mejor integración de esta población. Ojalá esto se haga realidad y sea la primera de otras medidas que Chaves y su gabinete están considerando como parte de su objetivo de hacer de Costa Rica un país más justo y equitativo.

Es importante que esta búsqueda de bienestar de la que habla Chaves no se limite solo a los costarricenses, sino que abarque a todos los habitantes del país. Esto supone un proceso de integración transversal de la población inmigrante –en la teoría y en la práctica– en las distintas políticas públicas que diseñen las autoridades. Esto implica integrar encuestas y estudios a las prácticas gubernamentales, obteniendo datos específicos de esta población, para comprender mejor los obstáculos que enfrentan por el simple hecho de ser inmigrantes. Esto implica proponer soluciones basadas en una visión sensibilizada y consciente de las necesidades particulares de esta población. Los gobiernos anteriores han realizado importantes esfuerzos en este sentido, pero es evidente que aún quedan lagunas por cubrir para ayudar con éxito a esta población a superar su gran retraso en el acceso a la igualdad.

La población inmigrante ama, respeta, admira y agradece a este país: por haberle abierto sus puertas incondicional e ininterrumpidamente; porque han tomado el pecado; por darles oportunidades y refugio. Al mismo tiempo, los nicaragüenses han sumado y enriquecido al país a través de su trabajo, aportando mano de obra esencial para los sectores agrario o de la construcción, entre otros, así como a través de su cultura y diversidad.

La población inmigrante pertenece. Somos parte de Costa Rica y como tal, le deseamos lo mejor a las nuevas autoridades, al igual que los costarricenses, y esperamos que el país salga adelante. Para ello, todos los que viven aquí deben ser tomados en cuenta por el futuro gobierno. Una mejor y mayor integración de la población inmigrante hará de él un país no sólo más próspero, sino también más democrático.

Este artículo fue publicado originalmente en español en Confidencial y traducido por Havana Times